Derecho Penal
Defensa Técnica y Garantías Constitucionales
Control de legalidad: Cada acto de la investigación debe ser fiscalizado. Una detención sin orden judicial válida, un allanamiento sin fundamentación o una requisa arbitraria son nulos. El trabajo aquí es detectar esas fallas técnicas para hacer caer procedimientos enteros.
Exclusión probatoria: Si la prueba se obtuvo violando la ley (por ejemplo, intervenciones telefónicas ilegales), no puede ser usada en juicio. La defensa constitucional se encarga de que el "fruto del árbol envenenado" sea expulsado del expediente.
Presunción de inocencia: El cliente no tiene que demostrar que es inocente; es la fiscalía la que debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. La estrategia se basa en mantener intacta esa presunción.
Estrategia de Litigación y Evidencia
Investigación defensiva: La defensa no puede ser pasiva ni esperar a ver qué hace el fiscal. Implica buscar testigos propios, solicitar cámaras de seguridad independientes y proponer peritos de parte (médicos, calígrafos, peritos informáticos o contables) que contrarresten los informes oficiales.
Control de la prueba de cargo: Interrogar a los testigos de la fiscalía para exponer contradicciones, lagunas mentales o intereses ocultos. Cada audiencia es una oportunidad para debilitar la acusación.
Litigación oral: En las etapas de juicio, la capacidad de argumentación, la persuasión y el conocimiento de las técnicas de litigación son determinantes. Saber qué decir, cómo decirlo y, fundamentalmente, cuándo objetar una pregunta de la contraparte.
Mitigación del impacto inicial: La presencia del abogado en la sede policial o judicial durante la incomunicación evita apremios, garantiza que el imputado conozca sus derechos y asegura que no declare bajo presión o asesorado de forma deficiente.
La batalla por la libertad: El principio general es que las personas deben atravesar el proceso en libertad. El rol clave aquí es combatir el uso abusivo de la prisión preventiva demostrando la inexistencia de "riesgos procesales" (es decir, acreditando que el cliente no se va a fugar ni va a entorpecer la investigación porque tiene arraigo, familia y trabajo).
Alternativas a la prisión: En caso de que el riesgo procesal exista, se trabaja para ofrecer alternativas menos lesivas, como tobilleras electrónicas, arrestos domiciliarios, cauciones económicas (fianzas) o presentaciones periódicas ante el juzgado.